sábado, 29 de septiembre de 2012

Denuncias por acoso laboral crecieron 1.300% en dos años



La declaración de guerra comenzó muy pronto, apenas la nueva jefa de enfermería tomó su cargo y se enteró de que su sueldo era menor al de Andrea (nombre ficticio). Hasta ese momento llevaba seis años trabajando a cargo del block quirúrgico de un hospital del interior del país. “Yo quiero tu sueldo”, le advirtió en el pasillo del hospital. Cuando Andrea atinó a reírse, ante el desconcierto de semejante declaración, la jefa optó por empujarla. 

En los siguientes nueve meses la persecución se intensificó. Cada eventualidad pasó a ser culpa de Andrea, quien comenzó a tener que pedir autorización por todo lo que hacía y, movida por el temor a fallar, trabajaba 10 horas por día para no dar lugar a equivocaciones. La jefa incluso le rompía material de su servicio para demostrar quién mandaba y la obligó a enseñarle sus conocimientos en el área hasta que pudo deshacerse de ella. 


Cuando Andrea regresó tras tomarse 10 días de licencia por estudio, la habían trasladado a otro sector en el que perdió las compensaciones salariales, lo que equivalía a una disminución de $ 5.000 en su sueldo. Andrea colapsó. Terminó internada por un pico de presión, medicada por psiquiatras y no pudo volver a trabajar en un año y medio. Jamás regresó al block quirúrgico. 


El acoso laboral o mobbing (del inglés mob: acosar, asediar), es una realidad que –como su contraparte a nivel educativo, el bullying– preocupa cada vez más a nivel internacional. Pero para que exista esta violencia psicológica debe probarse que fue ejercida de forma sistemática y durante un tiempo prolongado –seis meses– de una persona o un grupo de personas hacia otra en su lugar de trabajo, 


La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha calificado este fenómeno, que afecta a 15% de los trabajadores en el mundo, de “epidemia” y de acuerdo al experto español Iñaki Piñuel, entre el 10% y el 15% de los suicidios estarían motivados por el acoso laboral. Pero además, el mobbing genera una importante incidencia económica debido a las bajas por enfermedad y a la merma de la productividad que trae aparejado. 


¿Psicosis o aumento?


En Uruguay las denuncias por mobbing se han ido incrementando en los últimos años, ya sea porque han aumentado los casos o por la mayor visibilidad que está adquiriendo el fenómeno. En 2011 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recibió 988 consultas por diversas formas de acoso laboral y discriminación. De acuerdo al director de la Inspección General del Trabajo, Juan Andrés Roballo, en 2011 se recibieron 150 denuncias por acoso laboral, lo que representa un aumento del 1.300% con respecto a las realizadas en 2009, que fueron 11. No obstante, puntualizó Roballo “la cantidad de denuncias con respecto a las consultas son mínimas”.    


La doctora Elizabeth Chávez, del Centro de Salud Ocupacional del hospital de Clínicas, reconoció que la gran mayoría de las consultas que reciben no entrañan, en realidad, acoso laboral.


Según el MTTS, más de la mitad de las denunciantes son mujeres, el 88% provienen del sector privado y el 12% del público. Estos datos contrastan con los suministrados por la psicóloga, fundadora y presidenta de la Asociación contra el Acoso Moral Laboral en el Uruguay (Acamlu), Silvana Giachero, quien coincidió con la preeminencia femenina, pero indicó que el 90% de las personas que atiende pertenecen a la órbita del Estado.

Giachero sostuvo que “las organizaciones públicas están teniendo un deterioro a nivel organizativo muy grande”, lo que favorece la aparición de conductas de acoso. Además, se hace uso de este tipo de violencia para lograr la desvinculación de los funcionarios. 


La psicóloga destacó que una encuesta de 2008 realizada con financiación de las Naciones Unidas a la que tuvo acceso establecía que 54% de los empleados de ANCAP y el 59% de los del Banco de Previsión Social (BPS) habían padecido violencia psicológica en el ámbito laboral. 


Para Federico Muttoni, gerente de Advice, empresa de selección de personal, las compañías privadas suelen estar más preparadas para contrarrestar los casos de acoso laboral ya que la comunicación dentro de las organizaciones es más fluida, muchas disponen de equipos de Recursos Humanos e incluso hay algunas que cuentan con líneas de denuncia anónimas. 


“Las empresas tienen evaluaciones de desempeño para los empleados y los jefes, quieren retenerlos y motivarlos. En Uruguay hemos tenido unos cuantos cambios en el mundo del trabajo en los últimos años. Hoy el trabajador en general está muy protegido”, sostuvo.


A su vez, expresó, las nuevas generaciones piden nuevas reglas de juego, con relaciones de trabajo más abiertas. Al respecto, Giachero explicó que el acoso laboral suele implicar, sobre todo, a personas de 30 a 50 años.


Por otro lado, el mobbing puede estar detrás del importante incremento en las certificaciones médicas que se expidieron el año pasado con respecto a 2010, que pasaron de 240 mil trabajadores a 330 mil, de acuerdo a un informe del BPS. Este documento muestra además, que las enfermedades psiquiátricas se duplicaron en 10 años. 


Si bien el mobbing afecta a todas las profesiones y se puede dar tanto de forma vertical, de jefe a empleado, como horizontal, entre compañeros, lo más común es la primera modalidad y es más habitual en sectores como el sanitario y el educativo, sostuvo Giachero, quien destacó también estas prácticas en áreas de servicio como los callcenters. Dentro del acoso laboral se dan diversas modalidades que incluyen el acoso moral, distintas formas de discriminación y el acoso sexual.


Reintegro dudoso


La mayoría de  las víctimas de acoso laboral no logra reintegrarse al trabajo. La depresión suele ser el corolario para este problema. Por otro lado, muchas víctimas del mobbing llegan en estadios avanzados a la consulta debido a que desconocen lo que les pasa y hasta se sienten invadidos por sentimientos de culpa. 


Cano resistió el acoso laboral y recuperó su trabajo, pero aun tiene que tomar antidepresivos, cargar con el estigma de ser problemático y trabajar día a día con uno de los que lo victimizó. “Algunos docentes te tratan con una cierta actitud condescendiente, como que vos sos una persona que está enferma y ellos te dieron una oportunidad”, sostuvo.


El estado de salud actual de Marta (nombre ficticio de una funcionaria pública) es un reflejo del acoso continuado que viene padeciendo. En los últimos cuatro años subió 25 kilos, tuvo ya varios bloqueos de columna a partir de la hernia de disco que se hizo movilizando cajas –un trabajo que no le corresponde como administrativa, pero que le obligaban a realizar– y toma antidepresivos.


De acuerdo a su relato, comenzó siendo acosada sexualmente por su jefe, quien no incurría en esta clase de comportamiento por primera vez, e incluso llegó a manosearla. La solución tomada por las autoridades consistió durante un tiempo en separar la oficina que compartían con una mampara. Cuando finalmente el jefe fue obligado a jubilarse por las denuncias, Marta no corrió mejor suerte con las nuevas autoridades, que optaron por cortarle la comunicación, y oscilaron entre sobrecargarla de trabajo o sacarle todo tipo de actividad. Según le dijeron, ella era “la rata que había denunciado a un jefe”.

Más allá de las penurias, ninguna de las personas que dieron su testimonio acerca de acoso laboral para esta nota consiguió de momento ser indemnizada ni que sus acosadores fueran castigados, teniendo incluso que trabajar con ellos. 


Pese a que hay mecanismos para canalizar estas denuncias en el MTTS y por vía judicial, de momento no hay una ley específica sobre acoso laboral, aunque paradójicamente sí la hay para el acoso sexual (ver recuadro). 


A juicio de Giachero, todavía queda mucho para hacerse a nivel de los distintos actores involucrados en el tema. 


“Se necesita capacitar a los gerentes, hacer talleres, que sean las mismas empresas las que denuncien en el MTTS, que haya protocolos antiacoso y que se desarrolle una investigación histórica (del acosador y de la víctima)”, sostuvo. Al respecto, Roballo informó que el Ministerio de Trabajo ofrece capacitación en el tema a inspectores y administrativos de la cartera.


150 denuncias por acoso laboral se realizaron al MTSS en 2011. Esta cifra contrasta con las 11 registradas en 2009 y las 87 de 2010. En el primer cuatrimestre de 2012 se presentaron 73.

47

denuncias por acoso sexual se gestionaron a través del MTSS en 2011, mientras que en 2008 fueron cinco.
La frontera con el acoso sexual y la legislación internacional

En sentencias de acoso sexual, sin embargo, se dio la circunstancia de que el propio acosador tuviera que pagar a la víctima por el daño causado. Así sucedió el año pasado con un comisario de Flores condenado por acoso sexual a una mujer policía, a quien debió indemnizar con $ 75.850, el equivalente a seis sueldos de la demandante, según lo establece la ley.
Pese a que ya ha habido algunas sentencias en Uruguay en las que se ha condenado al acoso laboral, no existe una ley específica como en otras partes del mundo y como el país mismo tiene con respecto al acoso sexual. Para la abogada de la Asociación contra el Acoso Moral Laboral en el Uruguay (Acamlu), Ana María Véliz, “los legisladores de nuestro país deben tener una respuesta para esta situación, porque el fenómeno del acoso moral laboral es una categoría más amplia que el acoso sexual. En los países que tienen ley, por ejemplo en Noruega, se ha logrado disminuir notoriamente este tipo de prácticas abusivas”, indicó.
No obstante, el abogado laboralista Leonardo Slinger, del estudio Guyer y Regules, sostuvo que no es indispensable la existencia de una ley porque Uruguay dispone “de un proceso administrativo amplio que permite diligenciar dentro del mismo el proceso del mobbing”. El inspector general del Trabajo, Juan Andrés Roballo, reconoció este hecho, pero también que el disponer de una ley suele visibilizar el tema en cuestión. 
De acuerdo a Slinger, cuando se entiende que hay acoso el trabajador puede considerarse indirectamente despedido y pedir la indemnización por despido abusivo o simplemente reclamar el daño moral causado. “La paga la realiza el empleador y este podrá tomar medidas disciplinarias contra el empleado acosante”, explicó.



Véliz puso el ejemplo de países como Francia, Australia y España donde  además de la indemnización civil, existe una figura penal, que establece penas de hasta 10 años de prisión. “En julio de este año el expresidente de France Telecom fue procesado por ese delito, en razón que se probó que se produjeron más de 30 suicidios de trabajadores y unos 15 más lo intentaron entre 2008 y 2009. En nuestro país es conocido el número alto de suicidios, por lo que sería estimable la consideración y atención del tema”, indicó.

Fuente El Observador.

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